Ridículo de María Jesús Montero: procesan al expresidente de la SEPI al que está guardando el puesto

Ridículo espantoso de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha ordenado este martes procesar al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que sigue dirigiendo el hólding público en la sombra como denunció OKDIARIO, Vicente Fernández Guerrero, por su implicación en el caso Aznalcóllar. Hasta ahora, Montero les estaba guardando el puesto a la espera de su desimputación, por lo que no había nombrado un nuevo presidente y mantenía a la SEPI paralizada.

Este juzgado investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, ha emitido un nuevo auto ordenando continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra un total de nueve personas investigadas en la causa.

En un auto fechado este pasado lunes, la jueza Patricia Fernández Franco ordena tal extremo respecto al citado Vicente Fernández Guerrero, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel (intermediaria para que el consorcio mexicano se hiciera con la adjudicación); la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta.

El juez acuerda así la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos ellos por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ha dado traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que en un plazo de diez días, «formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa», toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso, archivado en dos ocasiones pero reabierto por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya.

Fernández Guerrero sigue siendo presidente en la sombra

Como informó OKDIARIO, Fernández Guerrero dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, pero sigue dirigiendo el organismo en la sombra, según confirman varias fuentes cercanas al mismo. De hecho, conserva el coche oficial, la secretaria, la cuenta de correo electrónico, mantiene reuniones con directivos e incluso visita a las compañías participadas por el holding empresarial público.

Sin embargo, carece de poder real, al no ostentar oficialmente la presidencia. Esta recae en funciones en el vicepresidente, Bartolomé Lora, un hombre de la casa de toda la vida, bien visto por los funcionarios y los partidos políticos, pero sin ninguna capacidad de decisión. El resultado es que la SEPI lleva prácticamente paralizada desde entonces.

Montero se trajo a Fernández Guerrero de la Junta de Andalucía, donde ella era consejera de Hacienda con Susana Díaz y él era interventor general, y lo colocó como presidente de la SEPI en agradecimiento a los servicios prestados. Con la imputación no le quedó más remedio que dimitir, pero la ministra y portavoz del Gobierno no ha nombrado otro presidente de la sociedad para ‘guardarle’ el cargo a la espera de que lo desimputasen.

Un escenario que se ha venido abajo con el citado auto de la jueza, que no solo mantiene su imputación sino que además abre un procedimiento abreviado contra él. Ahora bien, eso no implica que vaya a sentarse en el banquillo con seguridad, puesto que la jueza podría adoptar el criterio de la Fiscalía y sobreseer el caso. Una opción posible pero que no parece la más probable a la luz de estas actuaciones.

La SEPI, bloqueada por la falta dirección

En todo caso, lo que se antoja insostenible tras este auto es que la titular de Hacienda siga manteniendo vacante la presidencia de la SEPI ante la incertidumbre que rodea ahora el futuro de su protegido. Su empeño en guardarle el puesto ha provocado una paralización que se traduce en que el famoso fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros solo ha concedido préstamos a una empresa (Globalia) ocho meses después de su constitución, a pesar de tener más de 15 solicitudes de ayudas públicas.

El ejemplo más flagrante es la empresa industrial asturiana Duro Felguera, que pidió 100 millones al Fondo el pasado mes de julio, petición que posteriormente incrementó en otros 20 millones. Después de seis meses mareando la perdiz, por fin hace dos semanas  la SEPI respondió a la empresa y a los bancos acreedores que estaba dispuesta a rescatarla con los 120 millones solicitados siempre que ambas partes llegaran a un acuerdo para refinanciar su deuda, como también adelantó OKDIARIO.

Este martes el Consejo de Ministros tampoco ha dado luz verde al rescate de Duro Felguera.